Debate para que las empresas chilenas den más información ambiental

La CMF en Chile debate aumentar la información ambiental que las empresas facilitan a los inversores. La huella hídrica o la adaptación frente al cambio climático están entre las más demandadas para integrar y modificar la normativa.

La Comisión para el Mercado Financiero, CMF, coordinó en los últimos meses una serie de mesas de trabajo que buscan modificar la normativa vinculada a la entrega de información financiera por parte de las empresas en Chile. Dentro de los temas que la actual normativa no exige entregar al mercado, y que se discute sean incorporados, están los relacionados a cambio climático y huella hídrica.

Las razones que llevan a la CMF a impulsar este cambio regulatorio radican en la demanda de los inversionistas de contar con información comparable y de calidad en temas que hoy son claves para evaluar los riesgos y oportunidades de un negocio. Según explica Patricio Valenzuela, Director General de Regulación de Conducta de Mercado de la CMF, “nos dimos cuenta que era necesario elevar los estándares de información exigibles a los emisores, incorporando temáticas Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo (ASG). Se trata de información que los inversionistas requieren cada cada vez más para elegir a aquellas empresas en que sus intereses están más resguardados y sus inversiones acorde a sus políticas y restricciones”.

Y es que Chile, pese a ser una economía abierta, parecía estar quedándose atrás respecto a estas tendencias de divulgar de manera más integral la gestión de negocios, incluso en comparación a países de la región como Brasil, Colombia y México.

Si bien un grupo importante de compañías en Chile, alrededor de 140,  reportan ciertos indicadores bajo el estándar de la Global Reporting Initiative, GRI,  la no obligatoriedad de hacerlo y las distintas interpretaciones del lineamiento internacional siempre han hecho difícil poder comparar la información.  Esto quedó demostrado en el reciente estudio realizado por la Asociación de Auditores Externos, titulado: “Creando valor sostenible: hacia una divulgación ASG de calidad” que concluye que el 88% de los encuestados considera que la información no financiera que entregan las empresas es menos confiable que la financiera.

Así lo ratifica la Directora del Diplomado en Finanzas Sostenibles de la Universidad Finis Terrae, Beatriz Calderón, quien expresa que “cuando llegaban a Chile los inversionistas extranjeros se quedaban cortos para hacer sus análisis, porque la información pública que tenían las empresas no estaba siendo buena, ni suficiente, ni transparente, ni material. También los inversionistas nacionales comenzaron a ser signatarios de los Principios de Inversión Responsable de las Naciones Unidas. Entonces, entre 2018 y el 2019, hubo un aumento en la presión del mercado para obtener información de calidad que incorporara las variables sociales, ambientales y de gobierno corporativo”.

Según el estudio Creando valor Sostenible: “De acuerdo al Informe de Progreso para América Latina Corporate Sustainability Assessment (CSA) del Dow Jones Sustainability Index 2018, el desempeño en materia de transparencia de las empresas listadas en Chile se ubica detrás del promedio regional en la dimensión económica, medioambiental y social. La OECD también ha señalado la falta de claridad y relevancia de la información ASG que reportan actualmente las empresas”

La ruta sostenible de la información pública de las empresas

Este nuevo salto que podrían dar las compañías chilenas en materia de información ASG, tiene una historia que comenzó en 2015, cuando en ese entonces la llamada Superintendencia de Valores y Seguros, hoy CMF, actualizó su normativa  y emitió la Norma de Carácter General 386 que incorporó un reporte de Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible en la Memoria Anual de los emisores de valores inscritos en el Registro de Valores, el cual contempló indicadores de diversidad y brecha salarial en la organización.

Asimismo, emitió la Norma de Carácter General (NCG) 385, que es un conjunto de 99 buenas prácticas en gobierno corporativo (RSE y Sostenibilidad) de adopción voluntaria, que adopta la metodología “Comply or Explain”, donde la compañía debe exponer de forma precisa, clara y resumida la manera en que ha adoptado la práctica específica, o bien, fundamentar las razones por las que ese Directorio estimó que la adopción de una práctica en particular no era apropiada o deseable en el mejor interés social dada la realidad particular de la entidad. 

Entre fines de 2019 y principios de 2020, la Comisión hace una nueva propuesta normativa que somete a consulta pública, la retroalimentación recibida junto a las nuevas tendencia y requerimientos del mercado se traducen en una segunda propuesta que es la que está actualmente en discusión y que exige mayores estándares.

Cambio Climático y Huella Hídrica

Entre los temas que se discuten en la nueva normativa están: combate a la corrupción, competencia desleal, pago a proveedores, plazos máximo de pago, plazos de pago efectivos, evaluación de proveedores. También temas ambientales como insumos y residuos, consumo energético, consumo de agua, biodiversidad, emisiones. Y sociales como permiso postnatal, seguridad laboral, capacitación, diversidad, brecha salarial, beneficios laborales y programas sociales, entre otros.

La académica Beatriz Calderón, cree que el actual contexto de movimientos sociales y pandemia presionará mucho más las exigencias de información, pero también hará más receptiva a las empresas. “Es en cambio climático donde hay mayor urgencia, pero también hay ciertos inversionistas que, debido al estallido social, están pidiendo mayor información sobre derechos humanos; por ejemplo salario justo, condiciones laborales, pensiones. Asimismo, entregar información sobre agua en un país con este nivel de estrés hídrico parece ser clave”, sentencia.

Un trabajo público-privado

A principios de 2021 se realizó una consulta pública para conocer la mirada sobre la nueva normativa. Y en mayo este trabajo fue complementado con diversas mesas de trabajo, en las que han participado inversionistas, emisores, asociaciones gremiales, representantes de ONGs y del mundo académico, proveedores y generadores de información, estudios de abogados, entre otros actores.

Para la Confederación de la Producción del Comercio, CPC, que agrupa a las principales ramas empresariales del país (agricultura, banca, comercio, construcción, industria y minería),  “esta regulación avanza en la dirección correcta y será una buena manera de transparentar información relevante ante la sociedad y ante los inversionistas, sin perjuicio de que tenemos algunas críticas puntuales relacionadas con algunos indicadores”, precisa  Javier Irarrázaval, Director de Políticas Públicas de la CPC.

Entre las principales preocupaciones de las empresas están que se exija entregar información que pudiese ser estratégica para la competitividad de las mismas y que ciertos emisores están más avanzados en la sistematización de información ASG que otros, por lo que podría resultar conveniente que la norma diera un tiempo razonable para que se adecúen aquellos con menor avance.

Próximos pasos 

Ahora que finalizaron las mesas de trabajo, el Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero determinará si se procederá con la dictación de la normativa o se requiere de otro proceso consultivo. Y, en caso de que se emita la normativa, el plazo, condiciones y forma de entrada en vigencia de la misma. Esto dependerá del tenor y cuantía de los cambios efectuados a la propuesta y del análisis de impacto, a objeto de equilibrar los costos que introduce a los emisores, con los beneficios para los inversionistas y el mercado de contar oportunamente con más información ASG.

Es así como las empresa ya en sus Memorias Anuales del periodo 2021 podrían estar avanzando paulatinamente a responder las nuevas exigencias del regulador, a través de la publicación de un solo documento,  que integra lo que actualmente se hace por separado en la memoria financiera y el reporte de sustentabilidad. Esto impulsará el trabajo conjunto entre las gerencias de finanzas y sustentabilidad. Y por supuesto una mayor transparencia y claridad en la información de las empresas a los inversionistas, pero también una mejor rendición de cuentas a todos sus públicos de interés.